Cuando te compraste el coche no sabías que te vendían una mercancía averiada. Es decir, un vehículo de tecnología obsoleta que emite gases tóxicos. Eso quiere decir que no podrás usarlo para moverte por la ciudad, cuando llegue el invierno y con él los episodios de contaminación. Tendrás que usar otro medio de moverte, como el transporte público, el taxi, el coche eléctrico o la bicicleta. Todo eso supone un gasto extra, a añadir a lo mucho que te cuesta mantener el coche en propiedad. No tiene nada de raro que estés furioso.

 Así lo entiende el ayuntamiento de Alcorcón, que ha demandado al ayuntamiento de Madrid en el juzgado Nº 19 “contra el Protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno del Ayuntamiento de Madrid”. El argumento central de la demanda es que vulnera el derecho constitucional de los ciudadanos de circular libremente por el territorio nacional. Se supone que los servicios jurídicos de Alcorcón y de Madrid se pondrán manos a la obra y se lanzarán mutuamente contundentes argumentos.

En realidad es un problema de contumacia (tenacidad y dureza en mantener un error, según la Real Academia). Hace medio siglo que la ciudad de Madrid tiene problemas con los gases tóxicos que emiten los coches. Véase esta portada de una revista de 1972 como prueba. Pero no ha sido hasta comienzos de 2016 que el ayuntamiento de la capital ha hecho algo contundente para proteger a sus ciudadanos de estos gases tóxicos, el famoso Protocolo para episodios de alta contaminación. Es evidente que si se hubieran tomado esta medida antes la situación sería distinta. Por ejemplo, podríamos tener una zona de congestión como Londres, o extensas zonas de centro prohibidas a los coches, como Copenhague o Amsterdam. O cualquiera de las medidas que implantan las “ciudades sin coches” (car-free cities).

 Una vez que el ayuntamiento ha cumplido su deber de proteger la salud de sus ciudadanos, podemos echar un vistazo al otro lado del problema, el coche de combustión como vehículo de transporte. Hace medio siglo, otra vez, que se sabe que es incompatible con una ciudad sana. La cosa empezó en California a finales de la década de 1960 y luego se ha extendido a todo el mundo. ¿Cuál fue la respuesta de los fabricantes de coches?

La gran industria automovilística hizo el menor caso posible de las regulaciones legales a la baja de las emisiones tóxicas de sus vehículos. Retrasó una y otra vez la entrada en vigor de nuevos estándares de emisión más restrictivos, y costó dios y ayuda que comenzará a fabricar motores significativamente más limpios. Cuando las autoridades ambientales endurecieron la regulación, la respuesta de (al menos parte de) la industria fue simplemente trucar informáticamente la medición de emisiones, como demostró el caso Volkswagen. El resultado final es que la UE ha admitido lisa y llanamente que las mediciones de gases tóxicos de los coches son completamente irreales y ha dado a los fabricantes unos cuantos años más para fabricar coches algo más limpios, por favor, si no es molestia.

¿Qué pasará ahora? Las grandes ciudades están cansadas de la niebla tóxica que las cubre en invierno y han declarado la guerra al coche de combustión. Independientemente de medidas y restricciones concretas al tráfico, la demanda de Alcorcón pone el dedo en la llaga. ¿Tenemos derecho a circular por donde nos dé la gana, como reconoce la Constitución? ¿O están nuestros pulmones primero? A los conductores les esperan días difíciles. Pero no deberían echar toda la culpa a las autoridades municipales, sino más bien a quién permitió que les vendieran un vehículo tan inapropiado para la ciudad sin advertirles previamente de ello.

Fotografía: La plaza de la Cibeles a las doce del mediodía de un día soleado, en 1972.