Fulano, aparcado en una calle tranquila, se bebe un refresco y tira la botella de plástico vacía por la ventanilla. Enciende el motor diésel y pone rumbo al aeropuerto, donde le espera un vuelo low cost a un conocido destino turístico. De camino, para en un restaurante de comida rápida y se embaula una hamburguesa. Una enorme mancha de kétchup cae sobre su camisa “fast fashion”, pero no le importa en absoluto: la tira y saca otra nueva de su maleta.

Esta secuencia de gestos, tan cotidianos y en apariencia tan inocentes, nos van a costar un dineral dentro de poco. La culpa la tiene el señor Arthur C. Pigou (1877-1959), que inventó los diabólicos impuestos correctores de comportamientos considerados incorrectos o dañinos. Funciona así: se identifica un villano que causa males (externalidades), por ejemplo el azúcar que nos enferma o el diésel que contamina el aire, se invoca la figura de Pigou y zas, se diseña un impuesto para modificar nuestra conducta, es decir, para que tomemos menos azúcar o para que dejemos de conducir coches con motor diésel.

Estos impuestos son muy polémicos, pues los paga todo el mundo, no solamente los ricos, y afectan a poderosos intereses económicos y a muchos miles de puestos de trabajo. En España andamos un poco verdes en este tipo de impuestos comparados con la Europa transpirenaica, pero esto se va a acabar, gracias a una batería de impuestos, tasas y cargas en diferentes grados de implantación o aprobación que se están preparando ahora mismo. Aquí hemos seleccionado diez para hacernos una idea de la situación.

 

Las bebidas con azúcar y el azúcar en general

Dos millones de toneladas, 40 litros aproximadamente por persona y año, lo que equivale a un vasito diario. Ese es el nivel de consumo de bebidas refrescantes en España. Más de la mitad de estas bebidas contienen azúcar en grandes cantidades, del orden de 100 gramos por litro. Así que el consumo de refrescos se convierte en una potente bomba que impulsa más de 200.000 toneladas de azúcar al “cuerpo de la nación”, como se decía antes. Además hay que contar con los zumos industriales, precocinados, salsas y condimentos, hasta un total de cerca de 100 gramos de azúcar por persona y día, que equivale a más de un millón de toneladas al año.

La campaña “el azúcar mata” del Ministerio de Consumo utilizó como imagen principal un sobre de azúcar de los de echar en el café con forma de cigarrillo, equiparando la letalidad del azúcar y del tabaco. La campaña actual se puede ver aquí. El impuesto al azúcar que se discute ahora consistirá en elevar el IVA de las bebidas dulces del 10% al 21%. En Cataluña se planteó de una forma distinta, según el porcentaje de azúcar contenido en el refresco.

 

Los plásticos de usar y tirar

Abundan los vídeos y fotos de peces repletos de trozos de plástico, hay islas de plástico en los océanos y partículas de plástico en el interior de nuestros cuerpos, pues las ingerimos o respiramos sin darnos cuenta. Los plásticos desechables se han convertido en un problema enorme, y el impuesto correspondiente ya está en marcha, integrado en la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Parece ser que se gravará con 0,45 € cada kilogramo de material plástico destinado a un uso efímero. Hay que tener en cuenta que parte de estos productos (cubiertos desechables, pajitas de bebidas, bolsas desechables) van a ser (si no lo han sido ya) lisa y llanamente prohibidos.

 

El diésel

Fomentar la venta de coches con motor diésel y de gasóleo para moverlos pareció una buena idea durante décadas, hasta que no hace mucho se descubrió la terrible verdad: el diésel es bastante más sucio que la gasolina en términos de contaminación del aire, incluso el motor diésel actual, domesticado a base de filtros de partículas e inyección de urea para reducir la emisión de óxidos de nitrógeno. El llamado impuesto al diésel en realidad consiste en reducir su bonificación, para equipararse a la de la gasolina. Parece ser que este “impuesto” no se aprobará este año, pero es solo cuestión de tiempo que se ponga en marcha. Se planteó una reducción de la bonificación hasta los 38 € / 1.000 litros, lo que elevaría el coste para un usuario medio del coche en unos 4 € al mes.

 

Los coches de motor térmico

En este caso no es el Gobierno el que se inventa un impuesto, sino que los fabricantes de coches metieron la pata en su día y ahora pagan las consecuencias. Durante muchos años, la UE porfió una y otra vez con los fabricantes de automóviles para que redujeran la contaminación emitida por sus productos, lo que dio origen a sucesivos baremos Euro hasta el actual, Euro 6. Poner límites a la contaminación implica medirla, y en 2015 el escándalo Volkswagen y otros dejaron claro que los sistemas estándar de medición de emisiones contaminantes (NEDC) reflejaban solo una parte de la realidad. El estándar actual (WLTP) se acerca más a describir lo que sale de verdad del tubo de escape, y su entrada en vigor determina que, de un plumazo, cientos de miles de coches exentos de pagar el impuesto de matriculación por sus supuestas bajas emisiones tendrán que pagarlo ahora, lo que encarecerá notablemente la compra de coches.

 

Los vuelos low cost

Varios gobiernos están planteando un impuesto a los vuelos cortos (de menos de 400 km, por ejemplo), para incentivar que se hagan en tren o en autobús. Austria fue más allá y se atrevió a aprobar un precio mínimo de 40 € por trayecto aéreo, lo que equivale a prohibir el low cost. La verdad es que ofertar vuelos de 1.000 km en avión jet por 9 € (Volotea, Catania – Verona, 2 de diciembre de 2020) parece exagerado.

 

El aparcamiento (y circular por la ciudad… y por las buenas carreteras)

Por 25 € al año, un ciudadano de Madrid dispone del uso y disfrute de un espacio público urbano de aproximadamente 12 metros cuadrados (es la tarifa para residentes en la zona de estacionamiento regulado). En Barcelona son unos 50 €. La pandemia ha puesto agudamente de relieve que 12 metros cuadrados de espacio en la calle pueden dar para mucho, por ejemplo para que un bar instale ahí dos mesas y salve la temporada.

Los coches ocupan aproximadamente la cuarta parte del espacio urbano total y mucho más de la mitad del espacio urbano público. Los investigadores han descubierto que las plazas de aparcamiento para residentes casi gratuitas incentivan la compra de coches y por lo tanto esta abusiva ocupación del valioso espacio callejero. La solución, según los expertos, es multiplicar las tarifas de aparcamiento, hasta llegar a unos 300 € al año (en Copenhague pagan 535 €). Ese dinero se destinaría a mejoras del espacio urbano. Esta subida de las tarifas, no obstante, se ve todavía lejana en nuestro país.

 

La comida chatarra

Plantear impuestos a la comida de mala calidad, de precio aparentemente bajo, destinada a ser engullida más que saboreada y dopada con azúcar y otros componentes adictivos, es una creciente aspiración de las autoridades sanitarias, pero no fácil de llevar a cabo. Se habló de este impuesto a mediados de 2020, por parte del Ministerio de Consumo, como parte de una estrategia que incluiría un etiquetado de tipo semáforo. Este posible impuesto, a diferencia del que gravaría un producto simple como el azúcar, sería muy difícil de aplicar, al ser difícil la definición de comida chatarra. Si su idea principal es que los bollos industriales dejen de ser más baratos que las frutas frescas, otra aproximación al problema sería abaratar e incentivar la compra de frutas y verduras.

 

La “fast fashion”

En junio de 2019 el comité de asuntos ambientales del parlamento británico envió varias propuestas al Gobierno, con intención de parar los pies a la “moda de usar y tirar”. Además de medidas para favorecer el reciclaje y obligar a las grandes compañías a establecer metas de sostenibilidad, el comité recomendó establecer un impuesto de un penique (un poco más de un céntimo de euro) por prenda. La propuesta fue rechazada pero la idea de gravar a la “moda rápida”, una industria que obtiene grandes beneficios, seguramente solo está esperando su oportunidad.

 

Los envases (vía SDDR)

Los envases ya están gravados por una especie de impuesto destinado a pagar su reciclaje, el punto verde que gestiona Ecoembes. Esta entidad funciona con un modelo de contenedores callejeros amarillos y hasta ahora no ha mostrado ningún interés por el sistema SDDR (Depósito, Devolución, y Retorno), la versión moderna del sistema de “devolver el casco” que se extinguió en la década de 1980.

Pero el impulso de la economía circular está obligando a tomar en serio el SDDR como opción, proliferan las iniciativas más o menos experimentales y eso se traducirá, inevitablemente, en un aumento del precio de los envases (hay una infraestructura de máquinas y recogida detrás que tiene que ser financiada).

 

Hacer turismo

Ha habido y hay muchos impuestos o tasas turísticas, que responden a la necesidad de paliar los daños sociales y ambientales que produce supuestamente el turismo masivo. Ahora mismo las muchedumbres de turistas son una imagen del mundo anterior a la pandemia, pero si todo va bien volverán a hollar las playas y las ciudades. La tendencia hasta 2020 era aumentarlas progresivamente, aunque las subidas previstas para este año se han pospuesto a mediados de 2021. Las tasas turísticas son potestad de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, en 2019 solamente se aplicaban en Baleares y Cataluña. En Europa cientos de ciudades y regiones las aplican, como una cantidad fija o un porcentaje sobre cada pernoctación, que puede llegar a los 7 € por noche. Si queremos tener un turismo sostenible, aumentar las tasas es una opción razonable y que va a continuar.

 

Imagen de Michal Jarmoluk en Pixabay