Tras el inicio de la pandemia el desarrollo sostenible se quedó cojo. De las tres patas que lo componen; la social, la económica y la medioambiental, solo las dos primeras estuvieron en las líneas de trabajo de las políticas administrativas. La Covid 19 consiguió que durante un largo año desaparecieran –o casi–de las noticias los informes de la comunidad científica, las protestas de Extinction Rebellion o los impactos en el medio ambiente de nuestros hábitos, entre otras cosas.

Tras un año, más o menos, la pata del medio ambiente fue resurgiendo y volvieron a activarse mecanismos administrativos: el ministro de Consumo declaró que debemos comer menos carne y de mejor calidad, su ministerio aprobó la instauración del índice de reparabilidad de productos electrónicos y eléctricos, se impulsó el nuevo etiquetado energético de electrodomésticos  o se aprobaron nuevos planes para la rehabilitación energética de viviendas.

Gran parte de estas políticas se las debemos al Parlamento Europeo, líder claro en el establecimiento de iniciativas sostenibles. Las Directivas que se llevan promoviendo desde hace años son las que luego se transponen (y transforman) en leyes en los países miembros de la Unión Europea. Y desde allí vienen otras dos leyes muy en boca de muchas entidades medioambientales actualmente: la recién publicada Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y la todavía por aprobar Ley de Prevención de la Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

Ambas leyes son un soplo de aire fresco en un momento de mucho drama: la publicación de los informes del IPCC que no son nada halagüeños. Por eso, cuando leemos estas leyes vemos ilusionantes propuestas: reducir el uso de plástico a través de la aplicación de un régimen impositivo sobre el plástico nuevo; establecimiento de mínimos en contenido de plástico reciclado en ciertos productos; objetivos de reducción de algunos productos de usar y tirar o la sustitución por productos fabricados con materiales sostenibles y/o no dañinos para el planeta; fomento en la prevención como primera medida para evitar el desperdicio alimentario seguida de medidas como la donación de alimentos a entidades solidarias o la valorización energética de los mismos (es decir, el uso de material orgánico para la creación de energía); etc.

Se podría decir que vamos en buena línea pero también es cierto que no es oro todo lo que reluce y que estas dos leyes tienen sus sombras. Hace unos días estuvimos en un encuentro con entidades encargadas de la implementación de la Ley de Prevención de la Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, entidades afectadas por ella o a entidades asociativas que llevan años luchando contra tanto desperdicio. En ella nos sorprendió escuchar cosas como que no hay un presupuesto extra para su aplicación o que no se tienen los indicadores para medir las cantidades de alimentos que desechamos. ¿Cómo vamos a cumplir con la exigencia de reportar los alimentos desperdiciados si no sabemos cómo medirlos? ¿Cómo vamos a saber sí las medidas surten efecto? En esa reunión también vimos cómo un sector, privado, insistía en suavizar el régimen sancionador de aquellas empresas que se salten la ley y en flexibilizar sus obligaciones y responsabilidades. O escuchamos como una actividad como espigar –recoger las cosechas o sus restos que no han sido recolectadas para su comercialización y quedan abandonadas en el campo– ni está ni se la espera en esta ley.

Además, estas leyes tal y como están escritas, no van a cambiar de un plumazo la idiosincrasia del sistema económico que tenemos y la filosofía económica de optimizar el beneficio económico por encima de todo. Así, alguna empresa del sector productor podrá optar por producir el mismo producto plástico que hemos desechado durante toda la vida añadiéndole la palabra “reutilizable” (una búsqueda en google te lo demostrará). Y aunque es cierto que un cubierto de plástico de usar y tirar se puede lavar, la consecuencia es la liberación de microplásticos al lavarlo. Otras empresas más amigables con el medio ambiente optarán por usar otros materiales más amigables con nuestro planeta –se habla hasta de plástico compostable aunque no puedas compostarlo así como así. Pero eso tampoco soluciona la filosofía del usar y tirar y generar muchos desechos, lo cual complica la consecución de los objetivos marcados por la nueva Ley de Residuos.

En definitiva, la sostenibilidad y el cuidado de nuestro planeta vuelven a aparecer en las agendas políticas y nos alegramos por ello. Pero vemos algunas sombras. Da la sensación de que algunas de las medidas van destinadas a cumplir con los tiempos de transposición de las Directivas europeas más que a realizar buenas y completas medidas de sostenibilidad. También es cierto que hay que ser pacientes y que los inicios siempre son lentos. Pero mientras que muchos objetivos están establecidos para el 2030, algunas personas consideramos que estos objetivos deberían establecerse para ya. Así que nos toca ser pacientes para no perder la esperanza.

Darío Montes

Fotografía: the blowup en Unsplash