La pandemia ha dejado evidencias cualitativas y cuantitativas sobre el cambio climático y ha pasado a un primer plano de acción política a nivel global, nacional y local. Las señales de acción, a nivel país, no han hecho más que empezar en esta carrera por la neutralidad climática a la que nos hemos vinculado con el Acuerdo de París. Compromiso global al que ha vuelto EE UU.

Después de este shock sistémico vivido con la pandemia, las oportunidades de cambio hacia la transición sostenible están aterrizando en la economía y en nuestro día a día. Los cambios legislativos que se avecinan van a ser impulsados por nuevas leyes como esta que se resume a continuación.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de 21 de mayo de 2021, viene a dar cumplimiento a los compromisos asumidos por España en el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de una Ley que genera grandes expectativas; pero que también abre el debate sobre el reparto de responsabilidades y el reparto de los futuros presupuestos generales del Estado entre las Comunidades Autónomas.

Cabe señalar que se trata de la transposición parcial de la Directiva (UE) 844/2018. No se trata de un capricho político ni de tendencias “ecoburguesas” como se ha sugerido. Es la senda para la descarbonización en la que estamos comprometidos con Europa y con el mundo entero, forma parte del marco de actuación en materia de clima y energía.

Objeto de la Ley

Marca el inicio de una intensa actividad normativa con la adopción de planes, reglamentos, ordenanzas… para conseguir su principal objetivo que es: “Facilitar la descarbonización de la economía española para alcanzar la neutralidad climática”. Contempla objetivos intermedios para 2030: 

  • 23% de reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) respecto a 1990.
  • 42% consumo final de energía de fuentes renovables.
  • 74% de generación renovable.
  • 39,5% de mejora de eficiencia energética respecto a un escenario sin medidas.

La Ley tiene dos objetivos estratégicos: la neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050.

El fin último es mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2ºC respecto a los niveles preindustriales e, incluso si es posible, por debajo de 1,5ºC para 2030 y 2050, respecto a 1850 – 1900. 

Para conseguir estos objetivos en la lucha contra el cambio climático se prevé la participación de todos los actores, no solamente los gobiernos autonómicos y municipales, sino también el sector privado y el resto de la sociedad. 

Esta nueva Ley va a impulsar el compromiso más ambicioso de la Unión Europea respecto a los objetivos de reducción de GEI de un 55% respecto al año 1990, para 2030.

Prevé mecanismos de revisión siempre al alza, aplicándose el principio de la “no regresión”, esto implica que las Administraciones Públicas y la práctica jurisdiccional no pueden implicar una rebaja o un retroceso cuantitativo ni cualitativo respecto de los niveles de protección ambiental existentes.

Respecto a la planificación para alcanzar los objetivos y el reparto de las cuotas y alícuotas entre las CCAA, sobre los objetivos nacionales de reducción de emisiones, estos quedan integrados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021 – 2030. Dicho plan incluye de forma interconectada a todas las CCAA de cara a la reducción de emisiones de: las grandes industrias, el sector eléctrico y los sectores difusos (agrario, forestal, transporte, residencial, institucional, comercial y de gases fluorados).

Considera muchos sectores de acción socioeconómica. Estos variados campos que impulsa la Ley cambiarán nuestra forma de vida con el fomento a la eficiencia en el uso de recursos, el impulso a las energías renovables, la movilidad limpia, entre otras, que nos va a permitir tener un aire más saludable y ciudades más habitables.

Sobre los combustibles fósiles y radioactivos

Con carácter general, se dispone la limitación de los nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, minerales radioactivos y carbón en todo el territorio español incluyendo el mar territorial, la zona exclusiva y la plataforma continental. Esto significa que no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos.

En esta misma línea tampoco se concederán nuevos permisos de exploración, de investigación o concesiones de explotación de minerales radiactivos, ni se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas.

Se ha impuesto el fin de la era del petróleo, dejándola en el cementerio de las energías sucias donde ya reposan los restos del carbón. Prevé el año 2042 como fin último en el que habrán dejado de funcionar todas las explotaciones de petróleo y gas. 

Una señal de esta estrategia es la prórroga de explotación a plataformas marinas petroleras españolas hasta 2028 y no más. 

La transición hacia las energías renovables abre paso a fuentes de nueva creación como el hidrógeno verde. Dicha energía se ha abierto paso en España con una importante acogida de las seis grandes compañías energéticas del país, cuyos planes de desarrollo abarcan prácticamente todo el territorio nacional y están en busca de autorizaciones, ayudas de los fondos europeos e inversión extranjera.

Respecto a las energías renovables y la eficiencia energética

Entre los objetivos de integración de las energías renovables con el sistema eléctrico está la energía hidráulica no fluyente (agua almacenada en los embalses), se prevé el aprovechamiento del dominio público hidráulico no fluyente para la generación de energía eléctrica,  las nuevas concesiones que se otorguen tendrán como prioridad las centrales hidroeléctricas reversibles capaces de almacenar energía llenando el embalse para después generar electricidad cuando sea necesaria.

Para cumplir con los objetivos el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impulsarán una reforma del marco normativo para incluir aspectos como la participación de las personas consumidoras en los mercados energéticos, el acceso de las personas consumidoras de energía a sus datos, las inversiones en generación distribuida, el almacenamiento o los mercados locales de energía.

Sobre el sector transportes

El sector del transporte y la movilidad sin emisiones implica un nuevo modelo de desarrollo para dar respuesta al cambio climático. Para ello se adoptarán medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. 

Las previsiones de la UE se dirigen a que paulatinamente se dejen de fabricar coches alimentados con combustibles fósiles y llegar a 2050, o antes, con una planta productora de coches cien por ciento cero emisiones.

Uno de los instrumentos de impulso a esta transformación del parque vehicular es la introducción de infraestructuras de recarga eléctrica en las estaciones de servicio cuyas ventas anuales de gasolina y gasóleo superen los 5 millones de litros. Esta disposición supone alcanzar el 10% de las estaciones del país, más de 1.100 gasolineras que deberán instalar puntos de recarga eléctrica de 50 kW a 150 kW.

En esta misma línea de acción se introduce la previsión de que el Código Técnico de la Edificación establezca obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en edificios de nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes.

El coste aproximado de la instalación de un punto de recarga eléctrica es de 40.000 euros. Por el momento, es un coste que las gasolineras con mayores ingresos asumirán. Mientras que la instalación en comunidades de vecinos tiene una subvención de hasta el 70% de la inversión en el Plan Moves III. 

En 2021 las medidas para la descarbonización del transporte privado han comenzado su largo recorrido, el coche eléctrico e híbrido avanza lentamente, el precio de estos vehículos es aún elevado y las ayudas siguen siendo reducidas para pretender una amplia sustitución del parque vehicular. 

Entre otras medidas, alineada con esta Ley está la apuesta del Gobierno por la bicicleta para redefinir el transporte con menos coches y motos impulsado mediante la Estrategia Estatal por la Bicicleta, cuyo objetivo es aumentar el número de ciclistas en el transporte al trabajo y para ello aumentar la infraestructura ciclista, así como fomentar la intermodalidad bicicleta-transporte público.

Otra estrategia en marcha para las vías urbanas, aprobada por la DGT, es la limitación de velocidad a 20, 30 y 50 km/h, y viene a ser un acierto el avance que supone el despliegue de zonas de bajas emisiones a todos los municipios de más de 50.000 habitantes.

Sobre el sector agrario y forestal

En cuanto a la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático, prevé una estrategia específica para la adaptación al cambio climático de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas, así como las líneas básicas de restauración y conservación de los mismos; la disposición incorpora la necesidad de hacer compatible la conservación del patrimonio natural con el despliegue de las energías renovables. 

Sobre la política agraria, desarrollo rural y forestal la Ley establece que el Gobierno incorpore medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales para facilitar la preservación de los mismos y establece varias medidas, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.

Sobre la alimentación y la salud

La Ley considera el cambio climático como un asunto de salud pública, las Administraciones Públicas deberán fomentar la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la salud pública y sobre las iniciativas encaminadas a su prevención y reducción de riesgos asociados incluidos los emergentes. Así mismo, la obligación de las Administraciones en el fomento y mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la seguridad y la dieta alimentarias, así como el diseño de las acciones encaminadas a mitigar y adaptarse a los mismos. 

Como herramienta se usarán los pliegos de condiciones de los contratos públicos para el suministro de alimentos con baja huella de carbono: alimentos frescos, de temporada, de cercanía…

Mecanismos de transición ecológica

Se regula la figura de los convenios de transición justa como instrumentos clave para materializar las actuaciones encaminadas a la transición a una economía descarbonizada y más justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables, entre ellas, las zonas rurales. Para ello, posibilita la participación en los mismos de las CCAA en función de las competencias que tienen atribuidas. Siguiendo esta línea se regula el cese de la producción de carbón nacional.

Contratación Pública

Por otro lado, en línea con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se prevé que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios medioambientales y de sostenibilidad energética cuando guarden relación con el objeto del contrato, debiendo respetar los principios básicos de la contratación pública y figurar en los pliegos correspondientes junto a su valoración específica en cada supuesto.

Reparto de fondos entre las Comunidades Autónomas

Con miras al cumplimiento de los ambiciosos objetivos planteados en la Ley, establece que al menos un porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea de los Presupuestos Generales del Estado contribuirá a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética. El reparto de fondos procedente de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero será empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. 

Las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año recogerán los créditos correspondientes en el presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinándose al sistema eléctrico al menos 450 millones de euros para financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico.

Cabe recordar que en el verano pasado el Tribunal Constitucional declaró parcialmente inconstitucional la Ley de Cambio Climático de Catalunya; que entre otros asuntos, anuló las atribuciones del Fondo Climático sobre la “… participación de los ingresos procedentes de la participación en sistemas de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, o de otros instrumentos de fiscalidad climática de ámbito estatal”. Con este precedente y con la disposición de la nueva Ley queda meridianamente claro el reparto de fondos derivados de las subastas de derechos de emisión a cargo de los presupuestos generales del Estado.

Desafíos para el Gobierno

En las últimas semanas el Gobierno de España ha lanzado presentaciones de los planes de varios ministerios en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, que sintetizan las líneas de financiación que se van a poner en marcha próximamente para el reparto de los fondos Next Generation EU (Plan de recuperación para Europa). Las líneas directrices del Plan español se pueden consultar en esta página.

En respuesta de la sociedad civil, desde la Fundación Entretantos se ha promovido el envío de una carta, firmada por más de 80 organizaciones, a diferentes ministerios, en la que se hace una serie de propuestas para que estos fondos sean una oportunidad para catalizar la transición hacia modelos agroalimentarios saludables y sostenibles que mitiguen la emergencia climática. Estos ejes y áreas de trabajo son:

  • Suministro de alimentos saludables y sostenibles a toda la población, a través de sistemas alimentarios locales, sostenibles, generadores de empleo y economía real y basados en la agroecología y la ganadería extensiva. Áreas de trabajo: insumos, infraestructuras, herramientas (físicas y digitales) y acceso a la tierra, producción, transformación, distribución y venta de alimentos.
  • Generación de entornos alimentarios socialmente y culturalmente adecuados, inclusivos y saludables. Áreas de trabajo: Disponibilidad y acceso físico (proximidad), acceso económico (asequibilidad); promoción, publicidad e información; calidad y seguridad alimentaria.
  • Sociedad empoderada, consciente, informada, que lleva a cabo una dieta saludable y sostenible, minimizando el desperdicio alimentario. Áreas de trabajo: Hábitos y preferencias de compra (dónde y qué se compra), habilidades culinarias y gastronómicas (qué y cómo se cocina, cómo se gestionan los alimentos) alimentación consciente (cómo se come).

Una oportunidad para las empresas

La emergencia climática, las tendencias y los propios mercados exigen compromisos alineados con la Agenda 2030, con una nueva referencia: el objetivo 1,5 ºC.

La Ley en cuestión facilita un marco de estabilidad para asentar un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible, marca el camino de oportunidades de la inversión en tecnología ambiental, de empleo, de competitividad y consolidación de cadenas de valor de la economía circular, además de la oportunidad para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Esta hoja de ruta para las empresas no tiene marcha atrás. Esta nueva norma establece un marco para facilitar las inversiones sostenibles, con requisitos de información y de publicaciones de planes y objetivos de descarbonización para el sector financiero, empresarial y asegurador.

Como ejemplo, hemos visto el riesgo de inundaciones, de sequías y otros desastres naturales que pasan factura a la población y a las empresas aseguradoras. Por ello, establece la elaboración de informes anuales de evaluación del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición a éste de su actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos. Las entidades financieras deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.

Se establece que determinadas empresas calculen y publiquen su huella de carbono y comiencen a trabajar para elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones.

Las empresas españolas son líderes en muchos sectores: el financiero como modelo de negocio multinacional, el textil, el del automóvil, el energético con el desarrollo de las renovables y la distribución de energía a nivel mundial, el turístico y el agroalimentario. Además de su aventajada posición geográfica y económica, España tiene un enorme potencial que aprovechar para la transformación verde de grandes sectores y para lograr una economía baja en carbono.

Cecilia Barrera Gamarra

Imagen: La Conversación, Informe COTEC 2021.