Fotografía: Snapwire para Pexels

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), es un plan a escala nacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentar la utilización de energías renovables y mejorar la eficiencia energética. Actualmente es un borrador y se encuentra en la fase de consulta pública –la cual está paralizada debido al decreto del estado de alarma–, aunque transcurrido un determinado plazo se reenviará a la Comisión Europea para su reevaluación.

Primero veamos brevemente los objetivos principales que establece el borrador de este plan. Siguiendo la línea de ser un país neutro en emisiones de carbono para el año 2050, el plan establece una reducción de al menos el 23% de dichas emisiones –respecto a 1990– para el año 2030. El sector que mayor producción de emisiones de carbono genera, es el de la producción de energía eléctrica, seguido del de transportes, después por el residencial y, por último, el industrial. Para lograr el objetivo de la descarbonización del sector eléctrico, el plan va a favorecer la producción de energía proveniente de fuentes renovables mediante una reducción de costes para aquellos modos de producción renovables. Además, antes de 2030, se espera que las centrales térmicas de carbón dejen de ser competitivas debido al aumento del precio de las emisiones de carbono. Esto sumado a las ayudas enfocadas al sector de las energías renovables, hará que el el carbón sea oficialmente cosa del pasado. Para ello, se pone como fecha límite el año 2030, en el que la producción de energía eléctrica deberá provenir al menos en un 74% de fuentes renovables, siguiendo la trayectoria de un sector eléctrico 100% renovable para el año 2050.

Como era de esperar, el sector transporte no iba a quedar intacto, de hecho cuenta con importantes medidas. En 2017 este sector fue responsable del 26% del total de emisiones de carbono, por lo que el documento establece una reducción del 33% de dichas emisiones para el escenario 2030. Para facilitar que esta medida llegue a buen puerto, en el año 2023 todas las ciudades con más de 50.000 habitantes deberán delimitar una zona de bajas emisiones. Esta medida deberá ser regulada y llevada a cabo por las administraciones locales y autonómicas y, al igual que en las ciudades de Madrid y Barcelona, se restringirá el acceso a los vehículos más contaminantes y con mayor tasa de emisiones. Además, se estima que el 35% de los pasajeros-kilómetro que actualmente se desplazan en vehículos convencionales en las zonas urbanas, lo hagan en vehículos no emisores para 2030. Para ello, esperan una presencia de 5 millones de vehículos eléctricos en el territorio español, incluyendo coches, motos, autobuses y furgonetas, además del uso de biocarburantes avanzados. Además, a partir del 2021 se adoptarán medidas para que los vehículos nuevos que salgan al mercado tengan cada vez menos emisiones hasta llegar a las 0 emisiones de dióxido de carbono para 2040.

Por último, se espera que para 2030 el 42% del uso final de la energía proceda de fuentes renovables. Un importante papel en esta medida, lo jugará la producción energía eléctrica mediante fuentes renovables –ya mencionado previamente–, pero también afectará a más sectores. Además, pretende favorecer el autoconsumo energético, como por ejemplo fomentando la energía solar fotovoltaica. También se esperan importantes mejoras en la eficiencia energética, marcando un objetivo de una mejora del 39,5% –respecto al escenario europeo de referencia fijado por el modelo PRIMES en 2007. Para ello, principalmente confían en las administraciones autonómicas y locales para elaborar planes de ahorro energético y mejoras de eficiencia. A grandes rasgos, estas son las medidas principales que desarrolla el PNIEC 2021-2030, pero ¿notaremos algún cambio?

El principal aspecto en el que vamos a notar el cambio posiblemente sea en el transporte. Por poner un ejemplo gráfico, el parque móvil de la comunidad de Madrid en 2015 contaba con un total 4.404.592 vehículos y con una población total de 6.436.996 habitantes. Quitando el grupo de edad que legalmente no puede conducir, de 0 años hasta los 18 (1.508.660 personas aprox.), quedaría un resultado similar entre número de vehículos y habitantes, lo que significa que hay casi un vehículo (concretamente 0,9 vehículos/habitante) por habitante en edad de conducir. Hablando en cifras a nivel nacional, el parque móvil en 2018 contaba con un total de más de 33 millones de vehículos, de los cuales 54.000 son eléctricos (incluyendo híbridos enchufables). Además, la edad media del parque automovilístico es de 12 años, lejos de ser lo más eficiente del mundo. A priori, esto nos sitúa actualmente en una posición un poco desalentadora o unos objetivos muy ambiciosos, ya que por un lado se pretende renovar una grandísima parte de la flota del parque móvil por vehículos eléctricos cuando no hay un impulso económico que lo permita. Con esto me refiero a que no hay suficientes ayudas o incentivos económicos para hacernos con un vehículo de este tipo, cuando los más baratos rondan los 25.000 euros y la media está en los 35.000, y no hablo precisamente de marcas “premium”.

Sin embargo, el plan establece una serie de medidas para favorecer el cumplimiento de los objetivos propuestos. Según el PNIEC, para 2025 se cree que habrá una paridad de precios entre vehículos de combustión y los eléctricos, debido a una considerable disminución en el precio de las baterías. Además, pretenden realizar una gran inversión en implantar una infraestructura de recarga pública, que permitirá una mejor acogida para los vehículos eléctricos. Por último, establece que se potenciará considerablemente las ayudas económicas para facilitar la compra de estos vehículos tanto a empresas como a particulares, mediante planes de ayuda como el MOVALT, MOVEA o MOVELE. También mencionan que esperan una gran ayuda por parte de los vehículos de movilidad compartida (carsharing), los cuales supuestamente acogerán una buena parte de la población mediante sus vehículos eléctricos compartidos.

Partiendo del supuesto que todas estas propuestas del plan se cumplan, desde luego que sería más viable tener un coche eléctrico. Sin embargo, esto no puede ser una medida que trabaje de forma independiente, es decir, debe llevarse a cabo a la vez que el sector eléctrico impulsa la producción de energía procedente de fuentes renovables. En el 2019, la producción de energía eléctrica procedente de energías renovables fue de aproximadamente el 37%, que no está mal, pero esta cifra debe aumentar rápidamente si los vehículos eléctricos son el futuro. No sirve de mucho tener un parque móvil lleno de coches eléctricos cuando la electricidad que usan proviene de una central térmica, simplemente sería desplazar la contaminación de la ciudad al lugar de producción de la energía. Además, la fabricación y gestión –una vez quedan inutilizadas– de las baterías de los coches eléctricos, es un tema que pocas veces se menciona, pero que puede llegar a generar un impacto descomunal ya que duran aproximadamente unos 350.000 km –esta cifra puede variar en función del modelo.

Para finalizar, creo que el sector del transporte es aquel que va a encontrarse un mayor reto en las medidas propuestas en el PNIEC. ¿Volverá el coche privado a sus orígenes en el que solamente era accesible para la clase alta? ¿Es realmente la solución cambiar el tipo de combustible pero mantener la misma cantidad de desplazamientos cotidianos? Se trata de un futuro incierto y complejo, pero parece estar bastante centrado en el camino adecuado.

Lucas Peces Coloma